Uno de los procesos más avanzados dentro de ese sistema de justicia transicional es el relacionado con las graves privaciones de la libertad perpetradas por las antiguas Farc, conocido como Caso 01. Si bien hay avances y una gran cantidad de víctimas han sido escuchadas, las investigaciones y la acusación contra altos mandos de esa extinta guerrilla por agresiones sexuales en cautiverio generan diversos cuestionamientos.

“En mi cuerpo hay muchas marcas. De mi violación quedó una secuela: no pude tener un matrimonio”, cuenta Renata*, quien fue secuestrada en uno de los departamentos del sur del país, porque su padre se negó a pagarle ‘vacunas’ o extorsiones a las Farc. Ella es una de las tantas mujeres agredidas sexualmente durante el cautiverio.

Su testimonio evidencia una de las prácticas más degradantes del conflicto armado en Colombia: las agresiones de tipo sexual contra víctimas de secuestro. Su mayor ocurrencia se le atribuye a la antigua guerrilla de las Farc, organización armada ilegal que recurrió a mantener personas en cautiverio no solo para financiar sus operaciones, sino como estrategia de castigo, de control territorial y para presionar un intercambio humanitario con sus integrantes capturados.

Así como el testimonio de Renata, hay otros más, entre ellos el de Carmen*: “¿Cuántas mujeres como yo han tenido que pasar por este dolor? Porque este es un dolor que no lo calma nada, lo lleva uno siempre adentro. Yo exijo a las Farc que reconozcan que el abuso sexual en el secuestro sí existe; nosotros no pedimos esto”.

Sobreponiéndose a varias décadas de silencio, las voces de Renata, Carmen y muchas mujeres más, así como las de varios hombres, se fortalecieron y decidieron acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada por el Acuerdo de Paz que el Estado colombiano firmó con las Farc en noviembre de 2016, en donde esperan que esas verdades ocultas en selvas, maniguas y otros lugares sean escuchadas y los culpables asuman su responsabilidad.

Sin embargo, esas violaciones, más las afectaciones a la salud sexual y reproductiva, la violencia de género y otros delitos que cometieron integrantes del extinto grupo guerrillero contra sus víctimas en cautiverio, están siendo invisibilizadas en la JEP. Las personas afectadas y sus representantes lamentan la falta de un enfoque de género integral para aplicar justicia y un proceso reparador sobre este crimen de lesa humanidad.

La gran mayoría de los crímenes de violencia sexual que perpetraron las Farc se encuentran impunes en la justicia ordinaria. Hasta antes de que se pusiera en marcha la JEP, no había una investigación formal por estos hechos, pese a existir denuncias en muchos casos. Los perpetradores no habían sido llamados a responder ante la justicia, la sociedad, ni frente a sus víctimas y no se tenía una decisión judicial sobre su responsabilidad.

Justamente esa tendencia de impunidad es la que se pretende revertir en este escenario de justicia transicional. En enero del año pasado, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP les imputó cargos a ocho miembros del Secretariado de las extintas Farc, el mayor órgano de autoridad y decisión de esa organización armada, como responsables del delito de secuestro y de crímenes conexos como homicidio, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Para sustentar esa imputación, establecida en el Auto 019 del 26 de enero de 2021, la JEP verificó y contrastó 17 investigaciones sobre secuestro que le suministraron la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y organizaciones de la sociedad civil; cruzó seis bases de datos sobre personas secuestradas; recibió las denuncias de 2.548 víctimas; escuchó las versiones voluntarias de 238 excombatientes de las Farc; y recogió observaciones y cuestionamientos que 1.028 víctimas y la Procuraduría General de la Nación realizaron sobre ellas.

De ese modo, se le imputaron cargos a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Rodrigo Granda y Juan Ermilo Cabrera (quien falleció el 27 de enero de 2021) por 21.396 secuestros cometidos por integrantes de las antiguas Farc, por responsabilidad de mando. (Leer más en: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)

La consolidación del número de víctimas de secuestro que realizó la JEP superó por más del doble al registro más alto que existía en las instituciones del Estado. La Fiscalía tiene dos registros de personas secuestradas por las Farc: 7.068 en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y 5.218 en el Sistema de Justicia y Paz (SIJYP); por otro lado, la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica da cuenta de 9.264 víctimas.

En cuanto al esclarecimiento de verdad, la JEP determinó que alrededor de 1.861 personas secuestradas (lo que equivale al 8,7 por ciento) fueron desaparecidas y 620 asesinadas en cautiverio (lo que corresponde al 2,9 por ciento). También se encontró que la mayoría de secuestros se cometieron entre 1998 y 2002, durante los diálogos de paz que esa guerrilla sostuvo con el entonces presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002); que los departamentos más afectados por ese crimen fueron Guaviare, Vaupés, Caquetá, Meta, Vichada, Arauca y Casanare, donde operó el extinto Bloque Oriental; y que Antioquia cuenta con el mayor registro de personas secuestradas.

También estableció tres patrones sobre la práctica del secuestro, en los que se basó el análisis de los casos: “Para financiar a la organización armada, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y accionar de empresas y funcionarios públicos”. Sin embargo, no creó una línea de investigación que indagara de manera específica por crímenes relacionados con violencia sexual y de género, lo que pudo derivar en un subregistro de casos.

Por otro lado, la JEP concluyó que si bien las antiguas Farc conformaron comisiones financieras para rastrear y secuestrar a personas con “altos ingresos económicos”, la mayoría de los secuestros fueron aleatorios y no contaron con información previa sobre sus ingresos o propiedades, pues se realizaron en retenes ilegales. Asimismo, determinó que el dos por ciento de los casos corresponden a toma de rehenes.

Otro punto importante que establece el Auto 019 es el relacionado con las denominadas comisiones de cuido, las cuales estuvieron a cargo de la custodia de las personas secuestradas. La JEP estableció que su suerte y trato estuvo a manos de la guardia de turno, que tan solo recibió la instrucción de sus superiores de no matarlas, en particular si representaban un potencial ingreso económico, sin que se interesara en dar instrucciones sobre cómo tratar a las víctimas, ni los castigara por aplicar malos tratos o hacer investigaciones sobre abusos y torturas.

Pese a que el Auto 019 es contundente en algunas acusaciones contra los antiguos miembros del Secretariado de las Farc, en lo relacionado a crímenes de violencia sexual y de género perpetrados en cautiverio el panorama es, si se quiere, desolador.

Víctimas esperan respuestas

VerdadAbierta.com habló con algunas víctimas acreditadas en el Caso 01 que sufrieron violencia sexual en cautiverio. Todas las entrevistadas exigen que se garanticen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; saber por qué las secuestraron y las utilizaron como un instrumento para la guerra.

Son mujeres que callaron los horrores que vivieron en el cautiverio y que en su momento no denunciaron por temor a ser estigmatizadas y por posibles retaliaciones, pues las amenazaron con atacar a sus familias. Y ese silencio, que acumularon durante décadas, finalmente lo rompieron cuando acudieron a la JEP, sobreponiéndose, con una gran dosis de valor, a posibles riesgos y a una revictimización.

En ese espacio de justicia transicional las víctimas han encontrado algunas respuestas, pero no han estado a la altura de sus expectativas. “De las Farc ante la JEP espero, primero que todo, que acepten lo que hicieron porque ellos (los miembros del Secretariado) lo están negando”, insiste Renata. Y reitera su pedido para poder sanar: “Que ellos digan la verdad. ¿Por qué vine yo a pagar si el problema era con mi papá? ¿Por qué conmigo? ¿Y por qué tanto daño a mí? Que digan la verdad, porque ellos realmente hicieron las cosas y me destruyeron mi vida”.

Ese desesperado llamado se da en medio de negativas o descalificaciones por parte de los comparecientes de las Farc ante la JEP, que no han aceptado los hechos de violencia sexual.      Debieron aceptarlos cuando respondieron los hechos que se les atribuyen en el Auto 019, pero no lo hicieron, incumpliendo su deber de aportar reconocimiento y verdad plena para reparar a las víctimas y recibir los beneficios de la justicia transicional.

Al respecto, Yury Flórez Cubillos, abogada de la Comisión Colombina de Juristas (CCJ), entidad que representa ante la JEP a 30 víctimas de secuestro que sufrieron violencia sexual y de género en cautiverio (28 mujeres y 2 hombres), señala que, durante sus audiencias voluntarias, los exintegrantes del Secretariado y demás excombatientes tratan de escudarse diciendo que la violencia sexual no estaba permitida, de acuerdo con los estatutos de la extinta organización armada y que era sancionada con consejos de guerra que terminaban en fusilamientos; sin embargo, no han referido o demostrado sanciones de ningún tipo por esos crímenes.

“En la respuesta que las Farc dan al Auto 019 ellos tienen una línea de negación. Dicen cosas como ‘lo que esa persona dice no es verdad porque para esa época no había nadie que se llamara así en nuestras filas’; ‘nosotros no operamos en esa zona’; ‘esto no pudo suceder porque las personas que nosotros delegábamos para las comisiones de cuido eran guerrilleros ejemplares’”, indica la representante de víctimas.

Asimismo, Flórez señala que esa clase de respuestas por parte de las Farc minan la posibilidad de que más víctimas denuncien y se acrediten dentro del Caso 01, “porque la violencia sexual tiene un problema de subregistro por vergüenza, por discriminación y por revictimización que la Jurisdicción no puede seguir reforzando con esas omisiones”.

Representantes de víctimas consideran que si la JEP muestra resultados en la investigación y sanción de casos de violencia sexual, crearía un principio de confianza legitima, que propiciaría denuncias de muchas más víctimas.

Carmen* estuvo secuestrada durante cuatro años en el oriente del país. Su cautiverio se produjo cuando fue a averiguar a un campamento guerrillero por uno de sus hijos desaparecidos, pues le informaron que había sido reclutado por las Farc. Pese a romper su silencio, se declara incrédula sobre la posibilidad de acceder a la justicia integral.

“Como te digo, la verdad no existe. Ellos nunca lo van a decir. Ellos nunca lo van a reconocer, como cuando usted se echa un billete al bolsillo, se queda ahí. Entonces eso va a pasar con la verdad. Nunca van a reconocer la verdad”, se lamenta. Durante su cautiverio, fue trasladada a varios campamentos, en donde incluso fue violada y herida físicamente por un reconocido comandante guerrillero.

Tras dudarlo mucho y por insistencia de una amiga, Carmen se atrevió a denunciar ante la JEP las agresiones sexuales que sufrió. Allí ha exigido que se honre el compromiso de contar la verdad de lo acontecido en el conflicto armado: “Si un comandante causa abuso sexual, qué puede esperar uno, si uno siempre lo que espera es la protección de ellos que son la máxima autoridad en las regiones. ¿Cuántas mujeres como yo han tenido que pasar por este dolor? Porque este es un dolor que no lo calma nada, lo lleva uno siempre adentro. Yo exijo a las Farc que reconozcan que el abuso sexual en el secuestro sí existe; nosotros no pedimos esto”.

Esas palabras son retomadas por Rosa*, quien fue secuestrada y violada por miembros de la antigua Columna Móvil Jacobo Arenas en el sur del país; y además, la amenazaron con matarle a sus hijos si intentaba fugarse: “Las mujeres no podemos seguir en esta humillación, de que nos sigan maltratando tan fuerte. No más y no más. No puede seguir continuando esto en nuestro país, menos por estas personas, que además de que nos secuestran, nos maltratan y nos humillan. Tienen que ser tan valientes para contar la verdad como cuando nos violaron”.

Los relatos de esas tres víctimas sustentan uno de los cuestionamientos que la Alianza Cinco Claves, conformada por Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, Women´s Link, la Corporación Humanas y Colombia Diversa, realizó al Auto 019: la JEP debió hacer un “análisis más detallado sobre el modus operandi de la violencia sexual, las motivaciones o finalidades de la misma y la forma en que afectó diferenciadamente a las mujeres y personas LGBT privadas de la libertad, utilizando casos ilustrativos como estrategia para superar las falencias de información por el subregistro y la normalización de la violencia sexual”.

Sin enfoque de género

“Las FARC-EP cometieron el crimen de guerra de violencia sexual contra los cautivos. Se trata de hechos especialmente graves, pero en sí mismos aislados”, se lee en el Auto 019. La SVRV interpreta que son hechos “aislados”, a partir de los formularios de acreditación de víctimas –que ni siquiera tienen una pregunta puntual por hechos de violencia sexual en cautiverio– y porque “sus menciones también son bajas en las fuentes documentales consultadas por la JEP”

En cuanto a casos, presenta dos cifras diferentes. La primera indica que “de los 1.480 hechos reportados por las víctimas acreditadas, 38 incluyen violencia sexual de manera explícita, con y sin acceso carnal”; mientras que la segunda sostiene que “en el Caso No. 01 hay 27 reportes de violaciones y violencia sexual sin penetración (de 1.035 hechos reportados), particularmente tocamientos de naturaleza sexual contra los rehenes, en su gran mayoría contra las mujeres”.

Ante tales planteamientos, organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas cuestionan que la JEP no incluyó un enfoque de género en sus investigaciones ni en la elaboración del Auto 019, que hubiese podido ayudar a superar las barreras que tienen las víctimas para denunciar ese tipo de crímenes. Además, cuestionan que ese tribunal no ha discriminado las cifras por sexo, por tanto, aludir a un argumento cuantitativo sobre la totalidad de las víctimas para decir que es bajo o “aislado”, es poco acertado.

La abogada Flórez advierte que faltó una investigación profunda en los casos relacionados con el Secretariado de las Farc. Ese vacío quedó reflejado en las preguntas que no fueron incluidas en los cuestionarios que les realizaron en las audiencias de versiones voluntarias: “No había preguntas relacionadas con afectaciones o condiciones diferenciales en el cautiverio a las mujeres o a personas con orientación sexual diversa; ni a personas que manifestaron haber sido víctimas de violencia sexual en cautiverio”.

“Lo que vimos –agrega– fue que como no se encuentran esas preguntas en la mayoría de los temarios, por lo menos en los del Secretariado no estuvieron, hay una deficiencia. ¿Qué se tiene que hacer? Incluir esas preguntas en los temarios que llevan preparados los magistrados para las versiones de los comparecientes”.

No obstante, Flórez precisa que esa recomendación ha sido tenida en cuenta, pero en las versiones de mandos medios de las Farc, que serán imputados en un posterior auto de la SRVR. “En las últimas audiencias se han incluido esas preguntas en el temario. Como son incluidas por la Sala (de Reconocimiento de Verdad), los comparecientes se ven más obligados a responder que cuando lo hacemos nosotros como representantes de víctimas. Por ejemplo, Victoria Sandino reconoció que hubo abortos forzados tanto intrafilas como en personas privadas de la libertad. Se ha avanzado, pero ella no es parte del Secretariado, sino del Comando Conjunto Central”.

Esa situación pone de presente las falencias de no contar con una línea de investigación sobre violencia sexual y no haberle preguntado puntualmente a los comparecientes del antiguo Secretariado de las Farc sobre esos crímenes. Al respecto, personas defensoras de derechos humanos advierten la necesidad de profundizar en la materia a fin de garantizar los derechos de las víctimas y el carácter restaurador de esta justicia

Linda Cabrera, directora de la Corporación Sisma Mujer, va más allá y asevera que la falta de enfoque de género no es exclusiva del Caso 01, sino una falencia general de la JEP: “Falta un esfuerzo más decidido por incorporar una perspectiva de género en la investigación de los hechos de múltiples violaciones de derechos humanos”.

Aunque reconoce que hay disposición para implementar algunas directrices, lamenta que “a la hora de la metodología de investigación, la forma como se recaba la información, se hacen las declaraciones y los tipos de verificaciones, no tienen en cuenta muchas veces esa perspectiva y no son visibles para quien está investigando y se quedan como un hecho aislado, incidental o no relevante”.

Cabrera considera que es prioritario que la JEP incluya un enfoque de género en sus investigaciones, porque en el Caso 01 esa perspectiva puede ayudar a identificar patrones de victimización: “Analizar las condiciones que las mujeres enfrentaban en cautiverio, las estructuras socioculturales y las relaciones de poder existentes, ayuda a entender esas mayores presiones que tenían las mujeres y se pueden lograr resultados en materia de justicia restaurativa”.

Por otro lado, en reiteradas ocasiones, la Alianza Cinco Claves ha cuestionado la falta de un enfoque de género integral en la JEP y ha solicitado la apertura de un caso dedicado exclusivamente a crímenes de violencia sexual.

La principal crítica de ese colectivo de organizaciones al Auto 019 es que los hechos de violencia sexual y de género no se investigaron con el mismo detalle que los otros crímenes ocurridos en cautiverio. “La violencia sexual se presenta como uno de los malos tratos, sin profundizar su reiteración, las características de esta violencia ni su funcionalidad dentro del patrón de privación de la libertad o se deja mencionado como un asunto que aún no se ha investigado”, cuestionó la Alianza en un análisis publicado el 10 de marzo del año pasado.

En dicho documento, asegura que la JEP dependió casi exclusivamente de los relatos de las víctimas en su acreditación y de los informes de la sociedad civil y de la Fiscalía. Sobre el argumento de “dificultad” que esgrimió la SRVR para encontrar un patrón de violencia sexual en cautiverio, aludiendo la posible existencia de subregistros de casos y la poca de denuncia de los mismos “por el estigma y silenciamiento que rodean a la violencia sexual”, la Alianza consideró que la Jurisdicción “duda” que la violencia sexual contra la mujer sea una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, como lo determinó la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008.

Además, ese colectivo lamenta que la violencia contra la población LGBTI fue invisibilizada en la primera imputación de cargos al Secretariado de las Farc. Y es que, literalmente, no se hace alusión alguna: las palabras homosexual o LGBTI no aparecen ni una sola vez en las 322 páginas del Auto 019.

“La metodología de la JEP no indagó los motivos discriminatorios que precedieron el secuestro, ni en otras conductas que podrían haberse enmarcado en este crimen porque socioculturalmente son aceptadas y son vistas como ‘oportunidades para reformar’ a las personas LGBT, como los trabajos agrícolas forzados y aislados. Esta selección prejuiciosa de las víctimas le añade una capa de gravedad y afectaciones al secuestro, y en el Auto no fue estudiado en absoluto”, lamentaron las organizaciones firmantes del comunicado.

Por último, sobre la diferencia de 11 hechos de violencia sexual que expone la acusación de la JEP contra al Secretariado de las Farc (en la determinación de hechos enuncia 38 y en la calificación de crímenes de lesa humanidad menciona 27), la Alianza Cinco Claves cuestiona que no explicara cómo hizo ese cálculo y advirtió que ese desfase “demuestra que el estudio de la violencia sexual y la violencia sexualizada no fue una prioridad para determinar los hechos ni las conductas en el más alto nivel de responsabilidad de mando en el caso del secuestro”.

¿Aislada y sin patrones?

En sus observaciones sobre el Auto 019 y las respuestas que dieron al respecto los antiguos miembros del Secretariado, la CCJ analizó 25 casos de violencia sexual, que puso de presente a la JEP, a fin de evidenciar patrones y elementos demuestran una posible sistematicidad en esos crímenes.

Tras un riguroso análisis, establecieron siete categorías agrupadas “bajo conductas determinadas en las que se establecieron relaciones entre las privaciones de la libertad y la violencia sexual, en donde esta última tuvo una función estratégica”.

La primera es sobre violencia sexual contra mujeres que fueron forzadas a prestar servicios de salud en cautiverio. En ella se encuentran dos enfermeras representadas por esa organización. Ambos casos ocurrieron en el departamento de Guaviare.

Sobre cómo quedó retratada esa situación en el Auto 019, el documento de la CCJ cuestiona que “no se hace alusión suficiente a los hechos que, según los datos aquí recogidos, se constituyeron en una práctica reiterada de privación de la libertad por parte de la extinta guerrilla de las FARC-EP en contra del personal médico o sanitario para forzarlos a prestar sus servicios a dicha estructura. Más aún, no se reconoce la violencia sexual que se dirigió, según la información disponible, de forma exclusiva contra las mujeres que fueron obligadas a prestar servicios de enfermería”.

La segunda categoría es sobre mujeres que fueron secuestradas y luego incorporadas forzadamente a las filas de las extintas Farc. En este apartado están los casos de dos mujeres que fueron reclutadas en los departamentos de Cundinamarca y Norte de Santander. Ambas quedaron embarazadas producto de violaciones por parte de guerrilleros y una de ellas fue obligada a abortar.

En la tercera se encuentran dos casos de violencia sexual contra miembros de la Policía Nacional en cautiverio.

En la siguiente aparecen los casos de personas secuestradas para someterlas a esclavitud sexual. Se trata de dos mujeres raptadas en Caquetá que fueron violadas durante varios meses. Al respecto, el documento señala que ese tipo de casos se “enmarca en situaciones en las que mujeres son privadas de su libertad bajo la constante vigilancia de guerrilleros durante periodos prolongados de tiempo para someterlas a múltiples episodios de violencia sexual”.

La quinta categoría está relacionada con el control territorial y la disputa con otros actores armados. Se trata de casos en los que las mujeres fueron secuestradas y violadas “para interrogarlas sobre la presencia de grupos armados en la zona o como forma de castigo bajo la sospecha de pertenecer a dichos grupos”.

En la sexta se encuentran los casos de mujeres que fueron secuestradas y violadas con fines extorsivos o como castigo por el no pago de ‘vacunas’.

Y, por último, se encuentran los casos de mujeres que fueron desaparecidas por su condición de género, en los que se presume la ocurrencia de violencia sexual. La CCJ pide que estos hechos se investiguen con una perspectiva diferencial, puesto que, históricamente, “estas situaciones suelen ser invisibilizadas por la administración de justicia, considerándolas delitos menores o inexistentes”.

La categorización realizada por esa organización demuestra que las violaciones en cautiverio no fueron aisladas y que detrás de ellas existieron diferentes motivaciones, lógicas y funcionalidades; también, que se dieron bajo la delegación de funciones y en algunas de ellas incurrieron jefes guerrilleros de diferente rango.

Por eso, el llamado de organizaciones de derechos humanos, víctimas y sus representantes, es que esos hechos se investiguen a fondo y de manera diferencial, para obtener una verdad integral, que no quede a merced del relato de los exintegrantes de las Farc o de los subregistros por falta de denuncias.

Al respecto, la CCJ indica en su investigación que, si bien en el Auto 019 “se describen los daños y afectaciones derivados del secuestro, no se alcanza a evidenciar el análisis diferencial, en el cual se puedan reconocer secuelas específicas relativas a los hechos victimizantes de violencia sexual durante las graves privaciones de la libertad”.

Y agrega: “La descripción de daños físicos, psicológicos, emocionales y colectivos es sustancial para entender cuáles son las consecuencias de dicha experiencia en la vida de las personas, visibilizar el hecho, trazar rutas para conseguir la verdad respecto a las responsabilidades y para continuar con el juicio”. Lo anterior es fundamental para el proceso restaurador que se debe generar, pues se basa principalmente en el reconocimiento del daño causado por parte de los comparecientes, como lo establece la JEP en su Auto 027 de febrero de este año.

Esta organización también cuestiona el escrito de reconocimiento de los hechos y conductas que presentaron los miembros del antiguo Secretariado de las Farc sobre el Auto 19, “en el que en algunos casos realizaron un reconocimiento de manera general a los daños ocasionados por las agresiones sexuales, pero de ninguna manera se responsabilizan directa e individualmente por ellos, e incluso, en algunos, se niega la relación con los hechos”.

En su respuesta al Auto 019, los comparecientes de las antiguas Farc niegan los diez crímenes de violencia sexual que registra y en algunos casos llegan a poner en duda la veracidad de los testimonios de las víctimas. Su escrito está lleno de generalidades, lugares comunes y en algunos casos contestaron que “este hecho no concuerda con nuestra forma de operar y pudo ser cometido por otro tipo de actores armados, debido a que nuestra organización funcionaba por estructuras organizadas que abarcaban un área de operación específica”.

Diana Roa, integrante del equipo psicosocial que acompaña a las víctimas que representa la CCJ, asevera que ese tipo de respuestas generan efectos negativos en las víctimas, pues las sume en un no lugar: “Nuevamente la carga vuelve a recaer en ellas y vienen fuertes emociones como rabia, desesperanza y la sensación de que los hechos no serán investigados ni sancionados. Que no están siendo investigados en profundidad y los cuestionamientos recaen en las víctimas”.

Y concluye: “El silencio genera una carga mayor en las personas y puede generar muchos tipos de daños psicosomáticos. Una de las exigencias que como organización queremos hacer es la atención integral diferencial para quienes han sido víctimas de secuestro y violencia sexual. No es lo mismo que te secuestren y usen tu cuerpo como objeto, por eso creemos que se necesita una atención integral”.

Para los días 28, 29 y 30 de marzo estaban programadas las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad de los siete exintegrantes del Secretariado de las antiguas Farc que están compareciendo ante la JEP, en las que las víctimas, sus representantes y las organizaciones que le han hecho monitoreo al Caso 01 esperan encontrar respuestas claras y concretas a sus observaciones y requerimientos.

Sin embargo, estos espacios fueron aplazados en dos ocasiones para cumplir con “las finalidades restaurativas que solicitan las víctimas” y hasta el momento no se han realizado. Se reprogramaron de finales de marzo, para el 31 de mayo, 2 y 7 de junio; y el día de hoy se fijaron nuevas fechas: 2, 6 y 8 de junio.

Aunque parece que ese escenario no será el mejor para las víctimas de violencia sexual en cautiverio. Así lo advierte la abogada Flórez: “Como consecuencia del déficit en la investigación, en la aplicación del enfoque de género y en la poca profundidad con la que se han abordado los casos de violencia sexual, tanto de hombres como de mujeres, en las audiencias de versiones voluntarias del Secretariado, eso se verá reflejado en la audiencia de reconocimiento, porque la jurisdicción subsume la violencia sexual dentro de los tres patrones que estableció para el secuestro y no se le dio un trato diferencial”.

Y agrega: “Se invisibilizan tanto los hechos como las voces de las víctimas, y eso se está viendo reflejado en las personas que fueron escogidas para intervenir en la audiencia. Son muy pocas y tampoco hay unas condiciones necesarias para que ellas, con base en ese trato diferencial, puedan participar de una manera adecuada”.

Se espera entonces que en las próximas audiencias haya un reconocimiento de los hechos y un mayor aporte a la verdad. Asimismo, que en la fase de versiones voluntarias a las que deben concurrir mandos medios de las extintas Farc se pueda profundizar en los casos de violencia sexual durante el cautiverio y superar las falencias detectadas durante las intervenciones de los antiguos miembros del Secretariado en asuntos como los vacíos de información y las metodologías de investigación que han evidenciado las víctimas y las organizaciones.

* Nombre modificado para preservar la identidad de la víctima; también se omitieron detalles de sus casos con tal fin.

Nota del editor: durante tres meses se intentó contactar a voceros de la JEP y de las Farc por medio de sus oficinas de prensa para hablar sobre este caso, pero no fue posible entablar comunicación.

Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión de las organizaciones y personas consultadas y, por lo tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de PNUD.