Las personas afectadas por una de las incursiones más cruentas perpetradas por la extinta guerrilla de las Farc piden que la justicia transicional llegue a Vaupés y vincule a quienes padecieron el secuestro. Sus heridas permanecen abiertas y aunque algunos han logrado reconstruir sus vidas, otros atraviesan situaciones precarias. Una pregunta les inquieta: ¿cómo podrán repararlos?

En la lengua indígena tucano la palabra “secuestro” no existe. Por eso, Leovigildo Portura no supo cómo explicarle a su madre que a su hermano, Adriano Alonso, el segundo de nueve hermanos, se lo habían llevado las Farc mientras cumplía sus labores como auxiliar de Policía en la cabecera de Mitú, capital del departamento de Vaupés, el 1 de noviembre de 1998.

“Yo, por lo menos, recuerdo esto como si hubiera pasado ayer”, asegura Leovigildo, quien prestó servicio un año antes de la toma guerrillera que la extinta guerrilla de las Farc ejecutó en Mitú, la cual se extendió por 72 horas y dejó 55 muertos y 61 policías secuestrados. “Mi hermano le hizo falta a toda la familia”, se lamenta.

Sobre lo que Adriano y su familia vivieron mientras estuvo en cautiverio poco se habló en aquellos años. Por eso a Leovigildo le es difícil relatar ahora lo ocurrido, porque ha tratado de “olvidarse de la situación, de decir ‘bueno, esto pasó, pero ya no recordemos más esto’ y tratar de recuperar la vida cotidiana”. Pero continuar no ha sido fácil, pues no solo la guerra mantiene en desgracia a los pobladores y comunidades en Vaupés.

La desidia estatal se refleja en el esqueleto de un puente que no se concluyó en el centro del casco urbano de Mitú. Muchos lo consideran una escultura a la corrupción. A pocos metros de allí, los habitantes se reúnen en el mercado para comprar casabe, fariña y otros productos del sustento diario. Y lo hacen batallando contra el desempleo y la pobreza, pues solo unas cuantas familias con poder político viven cómodamente ante los altos costos de la vida en ese pedazo de la Amazonía al que muchos productos de la canasta familiar solo pueden llegar por aire o agua.

Algunos de los secuestrados y sus familias también se hacen un lugar en ese Mitú al que nunca llegó la reparación y donde no han podido sanar las heridas del secuestro. Otros viven fuera, como César Augusto Lasso, sargento (r) de la Policía. Él, después de estar en cautiverio más de 13 años, ha logrado perdonar y reconoce que hay que ‘tragarse algunos sapos’ para alcanzar un bienestar mayor con lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc, pero lamenta que las víctimas de la toma a la capital del Vaupés aún no logren alcanzar esa tranquilidad anhelada.

El sargento (r) Lasso fue uno de los pocos secuestrados que tuvo la oportunidad de expresar su dolor y reclamar justicia en la audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad, que se realizó en junio de 2022 en Bogotá, en desarrollo del Caso 01, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió para procesar a los últimos siete miembros del Secretariado de las extintas Farc por la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes”.

Meses después de esa audiencia, el oficial (r) siente que algunos de los miembros de la antigua cúpula de las Farc aceptaron que obraron mal, así como hubo otros que abrigaron la idea de que la guerra era así, cruel. “Para no amargarme, no pienso mucho en eso”, concluye. (Leer más en La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)

Sin embargo, decenas de víctimas de la toma guerrillera a Mitú, que aún viven en esa región, no pudieron ser testigos de la aceptación de responsabilidad, los aportes a la verdad y las peticiones de perdón de los máximos dirigentes de la extinta guerrilla, pues las pésimas condiciones de conectividad para acceder a Internet y el desconocimiento sobre ese proceso de justicia transicional lo impidieron.

Leovigildo y su familia conocen de la justicia transicional solo porque su abogada, Yury Flórez, los ha acompañado en este proceso e informado sobre sus avances. Ella representa a un grupo de víctimas de Mitú y hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Al respecto, replica que la JEP ha tenido dificultades en la atención con enfoques diferenciales (de género, étnico, territorial, curso de vida, discapacidad, etc.), como en este caso.

“En la audiencia solicitamos que se hiciera un traslado o que se garantizara lo básico: que ellos pudieran verla; sin embargo, las soluciones que la JEP plantea no son acordes a las realidades de Vaupés. Nos decían, ‘les damos un dinero para que las víctimas recarguen internet’, pero si ellos no tienen un celular inteligente no pueden acceder a las versiones voluntarias”, detalla la abogada.

“Aquí muy poquitas personas saben para qué es la JEP. Falta realmente llegar a las regiones y socializar más”, resalta César Augusto Diaz Braga, uno de los policías secuestrados en la toma guerrillera. “A nosotros no nos tuvieron en cuenta para nada, no nos sentimos incluidos”, reprocha desde la plaza central de Mitú, donde conversó con un equipo periodístico de este portal.

Las mayores expectativas de víctimas como Leovigildo y su familia están puestas para cuando el caso ante la JEP avance y, eventualmente, citen a los responsables del Bloque Oriental y del Frente 1: “Me parece excelente que reconozcan los actos realizados. Entendemos que esto es un proceso. Quisiéramos que esto fuera a corto plazo, pero no vemos qué va a pasar al final, aunque entendemos que están llamando a audiencia. Entendemos que es un proceso en todo el país, pero queremos que le den prioridad a Mitú”.

La mayoría de las víctimas y sus familias en Vaupés coinciden en que sería reparador un espacio en el que mandos medios y bajos reconozcan su responsabilidad en esta y otras tomas guerrilleras, pero hay una sensación de desgaste.

“Las heridas quedaron ahí. No se han sanado porque más de uno estamos con un rencor hacia todo: hacia el Estado, hacia la guerrilla, hacia los paramilitares, hacia la justicia”, lamenta Luis Sepúlveda, otro de los auxiliares de Policía a quien la guerra le arrebató casi tres años de libertad.

Tras 24 años de la toma

El presidente Andrés Pastrana se posesionó el 7 de agosto de 1998 con declaradas intenciones de alcanzar una salida dialogada a la guerra con las extintas Farc, pero dos meses antes de que se instalara la mesa de negociaciones en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, un grueso contingente de esa guerrilla se tomó Mitú.

La ‘Operación Marquetalia’, como fue denominada por esa agrupación armada, comenzó en la madrugada del 1 de noviembre de 1998. Se calcula que cerca de 1.500 guerrilleros de los bloques Oriental y Sur, a punta de disparos de fusil, lanzagranadas y pipetas explosivas, destruyeron buena parte del centro poblado de la capital de Vaupés.

“Fue una toma anunciada”, recuerdan varios habitantes, pues desde un mes antes corría el rumor de que las extintas Farc se iban a meter a la capital de este departamento amazónico. Para ese momento en Mitú había 120 policías, 30 de ellos eran jóvenes auxiliares.

El saldo de la operación fue de 16 policías, 24 militares y 11 civiles muertos. Además, cinco desaparecidos y 61 miembros de la Fuerza Pública secuestrados, a quienes se pretendía canjear por guerrilleros presos en diversas cárceles del país.

Un testimonio recogido por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y consignado en el capítulo Cuando los pájaros no cantaban refleja la desidia con la que las autoridades evaluaron las alertas de una eventual incursión armada: “Y aunque nosotros teníamos conocimiento de que la guerrilla se nos iba a meter, la respuesta de Bogotá había sido que ‘tranquilos, que eso no va a pasar’, y nos mandaron un refuerzo de veinte policías un mes antes. Luego vino la tragedia”.

Un día después de la cruenta toma guerrillera, las Fuerzas Militares pusieron en marcha la operación Vuelo del Ángel, con la que se buscó retomar la capital de Vaupés. Por las dificultades de acceso y las limitaciones operativas, y luego de contar con las autorizaciones correspondientes, parte de las tropas ingresaron desde Brasil.

Desalojar a la guerrilla de Mitú no fue tarea fácil. Le tomó tres días a las fuerzas estatales llegar al casco urbano, luego de bombardear varias zonas donde se presumía estaban los insurgentes. Al respecto, algunos pobladores entrevistados le dijeron a investigadores de la CEV que en la retoma, los bombardeos fueron indiscriminados, afectando a las comunidades rurales. Por eso, todas las personas que para la fecha vivían en Mitú recuerdan con dolor la crudeza de la guerra. (Leer más en: ¿Por qué condenaron al Estado por la toma de las Farc a Mitú?)

En el volumen testimonial del Informe Final presentado por la CEV también quedaron consignados los tratos crueles e inhumanos que padecieron los secuestrados: “Recuerdo al comandante que más mal nos trató, que una vez nos mandó arroz con vidrios. No nos lo comimos y en represalia nos dejó una semana sin bañarnos”.

Casi tres años más tarde, el 2 de junio de 2001, el gobierno del presidente Pastrana y la dirigencia de las extintas Farc suscribieron un acuerdo humanitario que propició la liberación de uniformados secuestrados y guerrilleros encarcelados. De esa manera, entre el 5 y el 30 de junio de ese año, fueron liberados 14 alzados en armas y 359 miembros de la Fuerza Pública.

Hasta el cierre de este reportaje, todas las personas consultadas coincidieron en que no se les ha socializado el Informe Final de la CEV. Víctimas como Leovigildo esperan que con el proceso en la JEP no ocurra lo mismo que con el Informe Final: que la justicia transicional les pase por el lado y no se enteren de nada.

Leovigildo, siendo una de las 3.410 víctimas acreditadas en el Caso 01 junto al resto de su familia, desde que empezó a operar ese tribunal de justicia transicional se pregunta: “¿Las víctimas qué papel jugamos?”.

El Sistema Integral para la Paz, compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad —ya terminó su mandato— y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, fue creado por el Acuerdo Final que suscribió el Estado colombiano con las otrora Farc el 24 de noviembre de 2016. Su finalidad es que personas como Leovigildo y su familia estén en el centro del proceso y, para el caso de Vaupés, debe tener en cuenta que es uno de los departamentos con mayor porcentaje de población indígena.

Según el Censo de Colombia de 2005 realizado por el DANE —el más cercano tras la toma guerrillera—, para esa fecha en Mitú el 63,5 por ciento de la población se autoreconoce como indígena.



Marcas que dejaron las cadenas

A Luis Sepúlveda las heridas del secuestro le quedaron literalmente en su piel, entre ellas varias cicatrices en su pie izquierdo, producto de las llagas que le ocasionaron la leishmaniasis que contrajo en la selva mientras estuvo en poder de las Farc, y una lesión en la columna. Además, cuando retornó a la libertad, el 28 de junio de 2001, fue internado en un hospital psiquiátrico por cerca de 20 días. Las pesadillas lo atormentaron por mucho tiempo.

“Nos hicieron como una especie de acompañamiento durante los primeros seis meses. Después, fuimos quedando en el olvido”, agrega Óscar Monroy, auxiliar de Policía secuestrado en la toma. Siente que, hasta el día de hoy, a punto de cumplir 45 años de edad, no le es sencillo relacionarse de manera armoniosa con las personas. A ello se le suman el insomnio y algunas lagunas en su memoria. “Cuando se recrudece la violencia en el país, todos estos recuerdos llegan a uno”, reconoce. (Leer más en: Uniformados rasos secuestrados, víctimas de las Farc y del Estado)

Durante los cinco años más que estuvo en la Policía Nacional se sintió estigmatizado por sus compañeros y sus superiores, e intuyó que a las instituciones del Estado se les salió de las manos el trato con aquellos agentes que fueron secuestrados. “Tomaron la vía más fácil: pensionarnos», se queja Monroy. Fue retirado y pensionado en 2006.

Sobreponiéndose a esas secuelas, se vinculó al área alimentaria de los comedores de las escuelas para patrulleros. Tiempo después obtuvo su título como Administrador de Empresas, se casó y tuvo dos hijos. Además, en 2012, para la fecha en que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) estaba reparando a las víctimas del conflicto, logró acceder a una indemnización de 20 millones de pesos con lo que pudo impulsar su economía. Hoy, vive en Manizales y siente que, en general, está bien. Lo que no pueden decir otras de las víctimas de la toma de Mitú.

“Yo ahora mismo estoy en una situación económica bastante grave. No me he podido levantar económicamente”, cuenta el exagente Sepúlveda por su parte. Él también salió retirado de la Policía y tras tres años de insistir ante diversos tribunales logró conseguir el 75 por ciento de la pensión. Ante las pocas oportunidades, resolvió su vida laboral en el campo.

Una situación similar vive César Augusto Díaz Braga, otro policía secuestrado en la toma guerrillera a Mitú. Tras su liberación, ocurrida el 28 de junio de 2001, continuó con el curso en la escuela de oficiales con ayuda económica de políticos de Vaupés, pero después no pudo seguir porque la familia no podía sostener sus gastos.

César osciló entre Bogotá y Villavicencio, hasta que regresó a Mitú hace tres años. Cuando llegó, empezó a trabajar en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero como cambiaron los intereses políticos del departamento, se le acabó el contrato y “ya completo 11 meses sin trabajar”, se lamenta el expolicía en entrevista con este portal.

La familia, también secuestrada

Después del secuestro, el hermano de Leovigildo empezó a ver con un velo de desprecio todo a su alrededor. “Mientras yo estaba sufriendo, ustedes vivían bien”, alguna vez le dijo a su familia con asomo de odio. Y el dolor más grande que creen que no ha podido sanar es que, en las cartas que la familia intercambiaba con Adriano mientras él estaba cautivo en la selva, nunca le dijeron que su padre había muerto.

Los Portura sufrían todo tipo de angustias, una de ellas relacionada con la falta de recursos económicos para viajar hasta San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde se decía que tenían a los secuestrados, o donde se realizaban encuentros de familiares buscadores de sus seres queridos cautivos.

Estas peregrinaciones les daban esperanzas a los familiares de las víctimas del secuestro, como ocurrió con la familia del entonces uniformado César Augusto Diaz Braga, que hoy atesora las redes que se formaron con otras víctimas. “Mi hermana, Sheyla Andrea, era muy activa, se mantenía en todas esas caminatas en las ciudades. Ella se conoció con todas las familias de los secuestrados e hicieron amistades”, cuenta.

En otros casos, las relaciones entre padres e hijos se vieron afectadas, como recuerda Sepúlveda. Su familia es de Valledupar y a los 24 años, ya haciendo una carrera como uniformado, salió para Mitú porque estaban requiriendo personal. Desde la capital de Cesar había empezado una relación con una mujer y para 1998 esta quedó en embarazo.

“Mi hija mayor ahora mismo tiene 23 años, nació estando yo secuestrado: a mí me secuestran el 1de noviembre de 1998 y ella nació el 31 de enero del año siguiente”, se lamenta. Cuando recobró su libertad y regresó a su hogar, sintió que la bebé lo rechazaba, lloraba más de lo habitual en las noches. Con el tiempo, logró reconstruir el lazo que sentía roto.

Hace dos años, su familia volvió a ser víctima de la guerra: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) asesinaron a uno de sus hermanos. Tres días después de ese hecho, las autoridades capturaron a dos hombres que la familia Sepúlveda señala de estar involucrados en esa muerte, pero por no estar la orden de captura en regla tuvieron que dejarlos en libertad.

Hoy no se tiene rastro de los dos supuestos homicidas y a Sepúlveda y a su familia les tocó huir de su finca en Pueblo Bello, Cesar, y dejar perder su cosecha y sus animales por temor a represalias.

“Uno se hace el duro… por momentos se hace el duro, pero… hay momentos donde uno siente que se encuentran esos sentimientos… y por más que sea… afecta. Este dolor ahora mismo está: veo a mi mamá y la siento alejada, muchas veces la he encontrado llorando. El dolor es tremendo y uno se siente atado, sin poder hacer nada”, expresa entre largos silencios en los que retenía las palabras para que no lo embargara el llanto.

Como a la familia Sepúlveda, a los Monroy también los visitó la tragedia dos veces: 1998 y 1999 fueron su suplicio. El primer año, fue secuestrado el hijo menor, Óscar Iván, en la toma de Mitú; luego, al año siguiente, el hermano que le seguía, José Medardo, fue asesinado por paramilitares asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaban en Villavicencio, Meta.

Los Monroy le atribuyen a la guerra los quebrantos de salud de su padre. “Mi papá no aguantó. Cuando fui liberado, murió al mes”, cuenta Óscar.

La verdad sobre las personas desaparecidas

La familia Calderón vivía a una cuadra del comando de Policía de Mitú. Cuando empezó la toma, el patrullero Freddy Orlando Ortiz acomodó un colchón dentro del hogar para proteger a su esposa, quien tenía siete meses de embarazo. Le dijo que no se moviera, que él volvería. Desde ese día, Yudy Calderón, embarazada y con apenas 17 años de edad, nunca lo volvió a ver.

Cuando el Ejército retomó el control de Mitú, empezaron a circular listas de secuestrados y muertos. “En el listado de los muchachos que se llevaron en secuestro mi esposo nunca estuvo. Unos decían que sí lo habían visto, otros que no lo habían visto. Desde ahí empezó la búsqueda”, explica Yudy.

“Han pasado muchos años ya y aún duele. Duele mucho”, expresa compungida Rubí Figueredo, hermana de Fredy Figueredo, otro agente desaparecido en la toma de Mitú. “Lo que recogimos nosotros de declaraciones de los policías sobrevivientes nos dicen que ellos se gritaban el uno al otro para saber cómo estaban y ellos alcanzaron a escuchar a Freddy hasta el mediodía del 1 de noviembre”.

Figueredo ingresó a la Policía porque un hermano mayor también hacía parte de la institución, quien “desafortunadamente también murió en una emboscada de los paramilitares”, lamenta Rubí. “Siempre digo: ‘¿Cómo carajos Freddy se fue a meter en la Policía?’. Siempre le insistí que había otras oportunidades en la vida, pero él insistió. Él dijo ‘me voy a meter a la Policía para colaborarle a mi madre’”.

Tras la incursión de las extintas Farc se reportaron seis policías desaparecidos: Hernán Darío Dinas Peña, Freddy Figueredo Piñeros, Freddy Orlando Ortiz, Raúl Hernán Osorio Ochoa, Abed Daly Barrera Gil y Germán Moreno Ávila.

Además de la desaparición de Freddy Ortiz, la familia Calderón perdió a cuatro miembros de su familia en la toma de Mitú. Por eso, abandonaron sus bienes y nunca regresaron a esa ciudad, de la que tanto la madre de Yudy, una indígena tucano, y ella eran oriundas. Tomaron rumbo a los departamentos de Vichada y Meta para reconstruir sus vidas.

A su manera, todos llevaron el duelo. El abuelo de Yudy, una voz de autoridad en el hogar, le pidió a la familia no revolcar el pasado. Sin embargo, cuando ella empezó a saber de la JEP, la pregunta de “¿Qué sucedió con mi esposo?” la empezó a embargar nuevamente. “Un día le dije a mi abuelo: ‘Abuelito, mis tíos ya murieron —en la toma de Mitú—, ya los enterramos, pero mi esposo… yo no sé nada de él. Yo quiero preguntar qué pasó, averiguar dónde está el cuerpo’”.

Era todo un reto para ella y su hijo, pues la desaparición de su esposo la llevó a recluirse en una clínica psiquiátrica durante cinco meses y tomar medicamentos para sobrellevar la depresión. Y su hijo por muchos años se preguntó por qué a él le había tocado crecer sin su papá y eso lo había vuelto distante.

“A nosotras, las familias, nos alivia un poco que ellos —los miembros del último secretariado de las Farc— entiendan que nos afectaron muchísimo. Pero ellos no nos tienen respuesta”, reprocha Yudy, expresando el sentir de muchos familiares de desaparecidos de la toma que viven en Villavicencio. “Yo espero respuestas, yo espero que de pronto me digan: ‘Sí, a su esposo lo llevamos, en tal lado están los restos’. Ya soy un poco más consciente de que con vida no los vamos a hallar”.

El 6 de septiembre de 2018 se realizó una audiencia de incidente de reparación dentro del proceso transicional de Justicia y Paz —creado inicialmente para juzgar a los desmovilizados de las Auc y concederle penas alternativas a quienes contaran la verdad de sus crímenes y repararan a sus víctimas, pero que incluyó a guerrilleros que dejaron las armas de manera voluntaria—, pues para esa fecha, 14 alzados en armas de las extintas Farc estaban definiendo su situación judicial ante esos estrados.

En ese espacio, los familiares de los desaparecidos escucharon una versión dolorosa que al fin les daría respuesta a sus preguntas: varios policías reportados como desaparecidos habrían muerto calcinados por los cilindros bomba que lanzaron los guerrilleros del Bloque Oriental, entonces comandado por el ‘Mono Jojoy’. En la JEP esperan tener un segundo relato mucho más detallado de lo que pasó y saber qué pasó finalmente con sus familiares.

Esperan más claridad

“Las contribuciones de los responsables en el proceso han sido muy escasas”, expresa la abogada Flórez, de la CCJ. “En cuatro años que lleva en funcionamiento la JEP, solo hay una versión de una persona que está involucrada con los secuestrados de Mitú”.

En 2019, el Bloque Oriental dio una versión voluntaria colectiva sobre su responsabilidad en el delito de secuestro y en marzo del 2021, mandos medios de la guerrilla reconocieron tratos crueles a los que fueron sometidos los plagiados. Uno de los comparecientes fue Marco Elvis Patiño, alias ‘Efrén’ o ‘Patequeso’, quien, por un tiempo, fue el carcelero de los policías retenidos tras la toma de Mitú.

Flórez explica que la versión colectiva no tuvo mayor impacto y solo fue útil para conocer el funcionamiento del bloque guerrillero. La contribución de alias ‘Patequeso’ fue importante por el reconocimiento al trato que se le dio a los secuestrados, pero “cuando se le preguntó por el desarrollo de la toma de Mitú, dijo que no había estado”, asegura la abogada.

Aún faltan muchos detalles de cómo ocurrieron los hechos y quién tiene responsabilidad. Ese esclarecimiento se dificulta teniendo en cuenta la situación de riesgo a la que están expuestos los excombatientes que están contribuyendo con el proceso y las deserciones, como, por ejemplo, la de Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’, excomandante del Bloque Oriental y disidente de esa guerrilla, asesinado el 5 de diciembre de 2021.

A eso se le suma que hay algunas víctimas que temen hablar. VerdadAbierta.com conversó con uno de los policías secuestrados que aún vive en Mitú y prefirió mantener su nombre en reserva. Explicó que si bien con la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Far, en noviembre de 2016, hubo algo de tranquilidad en el municipio, en los últimos años han llegado personas desconocidas que lo hacen temer.

“Si el Estado no hace presencia en Mitú, es un escenario propicio para que los grupos guerrilleros sigan proliferando y que las víctimas no quieran participar más en el proceso”, advierte la abogada del CCJ.

“Lo que se espera —agrega— es que haya un avance sustancial en mayo de este año en unas audiencias concentradas de todos los miembros del Bloque Oriental que van a rendir audiencia de versión voluntaria y en donde se espera que se toque a profundidad este tema, que se asuman responsables, y que haya iniciativas de Toars (Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador-Reparador) en Mitú”.

Largo camino a la reconciliación

‘Sane su corazón, mire que ellos ya no son guerrilleros’, son algunas de las frases con las que los expolicías secuestrados de la toma de Mitú se enfrentan. La respuesta de muchos es: “No quiero”, a veces sintiéndose juzgados por no perdonar las heridas que nunca cerraron.

Varios de los expolicías con los que este portal conversó reconocen que observan perplejos los encuentros que el sargento (r) Lasso tiene con exguerrilleros desde antes de que se firmara el Acuerdo de Paz. Estas acciones las adelanta como miembro de la organización Ágape por Colombia, una iniciativa de colombianos exiliados en Canadá.

“Hemos buscado propiciar espacios seguros entre víctimas y victimarios en donde todos se puedan escuchar y puedan acudir al perdón voluntario, si así lo sienten”, expresa Lasso, secuestrado en la toma de Mitú y liberado el 2 de abril de 2012, lo que le costó 13 años, 5 meses y un día de su vida.

A Yudy le ilusiona la posibilidad de que algún día pueda sentarse con exintegrantes del Bloque Oriental, en un espacio mediado por la JEP. Le gustaría que los firmantes conozcan el dolor que sufrió a raíz de la desaparición de su esposo y cómo ella volvió a rehacer su vida: se dio la oportunidad de unirse a otro hombre y tener tres hijos más. Le gustaría también que supieran del dolor de los niños que crecieron sin sus padres y niños, como su hijo, no guardan rencor.

“Conozco un Dios que me ha enseñado a perdonar y creo que nosotros, la familia de Fredy, ya hemos perdonado”, dice Rubí, quien también anhela establecer un contacto directo con alguno de los guerrilleros que estuvieron involucrados en la toma para saber qué fue lo que sucedió.

Óscar Monroy ha llegado incluso a reflexiones más compasivas: “Para mí ya no es importante si ellos piden un perdón. Viendo desde el punto de vista humano, acá ‘víctimas’ somos todos. Tanto ellos —los exguerrilleros de las Farc— como nosotros —las víctimas de la toma de Mitú y sus familiares—. Ellos también dejaron su familia, la perdieron. Nosotros estuvimos tres años secuestrados, pero los que nos cuidaban también estaban secuestrados por la guerra”, señaló con voz franca.

VerdadAbierta.com le preguntó a la JEP qué acciones territoriales ha hecho en Mitú, cómo ha garantizado la participación de las víctimas que viven en regiones con malas condiciones de conectividad y cuáles son los avances en las versiones de los exguerrilleros sobre la toma de Mitú.

En su respuesta indica que en el caso del departamento de Vaupés, “la Secretaría Ejecutiva ha implementado estrategias tanto virtuales como presenciales para garantizar que las víctimas obtengan la información necesaria para participar en los mecanismos de justicia transicional ofrecidos por la JEP, como resultado de ellas se han realizado jornadas de divulgación presenciales dirigidas a los integrantes de la Mesa Municipal de participación efectiva de víctimas de Mitú y espacios de relacionamiento con el Enlace Departamental de Víctimas del Vaupés”.

Detalló que ha realizado siete actividades de difusión en las que han participado 173 personas; 20 actividades de relacionamiento y coordinación con instituciones del Estado para alcanzar la “participación efectiva de las víctimas”; dos jornadas de acreditación, una de ella en Mitú en dónde participaron 10 personas y se “brindó orientación y acompañamiento psicojurídico en el proceso de solicitud de acreditación de 2 víctimas del Caso 01”.

Sin embargo, la respuesta de la JEP no aclara si en algún momento se programarán audiencias en Mitú. (Lea la respuesta completa aquí)

Mientras la JEP continúa el curso del macrocaso sobre secuestro, la organización Ágape planea realizar encuentros regionales de víctimas en los que participen excombatientes que estén en esos territorios. “Y ojalá llegar más allá como emprender proyectos que ayuden a sus vidas, al bienestar”, dice Lasso. Un punto fundamental, pues muchos de los secuestrados de la toma de Mitú ni siquiera fueron indemnizados o gozan de una pensión de la Policía.

Varias de las víctimas piensan que la reparación a los núcleos familiares afectados por el secuestro debe empezar por la vinculación a actividades laborales. “Esto no debe ser solamente de recursos. El recurso se acaba, pero el daño queda en cada una de las memorias de las familias que sufrieron esta toma”, reflexiona Leovigildo.

Mientras tanto, las familias Portura, Díaz, Figueredo y muchas más siguen esperando que la JEP los vincule más al proceso y haga un trabajo más presencial en ciudades tan distantes de la capital de la República como Mitú. También esperan que la sentencia que emitirán sus magistrados sea la puerta de entrada para que el Estado, con toda su institucionalidad, salde las deudas que tiene con un departamento que condenó al olvido y dejó abandonado a su suerte.