A finales de los años noventa, la extinta guerrilla de las Farc tomó como rehenes a cientos de soldados y policías que sobrevivieron a sus acciones armadas con el fin de impulsar un intercambio por insurgentes presos. Sus rangos determinaron no solo el prolongado cautiverio, sino el retorno a la libertad. Quienes llevaron la peor parte una vez terminó el secuestro fueron aquellos que estaban en el nivel más bajo. Aún hoy sienten poco respaldo institucional y buscan reparación en la JEP.

“Yo quiero que nos escuchen. Todavía estamos muy jóvenes y podemos dar mucho. A nosotros nos faltó asesoría jurídica, psicológica y psiquiátrica después de estar secuestrados durante años. Muchos compañeros fueron retirados sin mayor apoyo y otros sufrimos estigmatización dentro de la institución. Nos dieron la espalda y nos dejaron tirados”.

Esas sentidas palabras son de Edilberto Cumbe Mesa, uno de los policías que fue secuestrado por el Frente 9 de las extintas Farc tras la cruenta toma al municipio de Cocorná (Antioquia), ocurrida el 3 de noviembre de 1998, al preguntarle sobre la reparación que espera por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Tras sobrevivir a tratos crueles durante los 31 meses que duró su cautiverio, al regresar a la libertad se encontró con cientos de dificultades para retomar su vida. A pesar de ser de los pocos uniformados rasos que pudo reincorporarse a la institución, se afrontó situaciones de discriminación y exclusión por haber sido secuestrado, lo cual se sumó a las afectaciones que le produjo el cautiverio.

“La situación no fue la misma al regresar. Todos los comandantes le sacaban el cuerpo a uno para trabajar. Decían: ‘Ese es el de la guerrilla. Mínimo le lavaron el cerebro. Es un infiltrado’. Los comandantes nos descartaban y la institución se encargó de apartarnos”, recuerda este expolicía, quien durante 14 años portó el verde oliva como uniforme.

Acudir a terapia para tratar de superar las experiencias traumáticas durante su secuestro también fue motivo de tropiezos: “Eso era un problema para los comandantes. Uno pedía permiso para asistir a las citas y respondían que pidiera traslado para otra parte y que no se daban tantos permisos. Es un problema que crearon ellos mismos”.

Y lamenta que no recibió la mejor atención médica posible dentro de la Policía. “En una ocasión –recuerda– la psiquiatra me recriminó porque después de dos años de tratamiento ella no veía mejoría y me reprochó porque había tratado a personas que les habían lanzado granadas y al año siguiente ya estaban bien”.

“Le respondí –continúa– que yo no era un carro que pudieran llevar a un taller y comprarle un repuesto, que lo mío era psicológico. Al día de hoy escucho noticias sobre secuestros y me pongo mal; entro al baño y eso me trae malos recuerdos porque nos apuntaban con un fusil para hacer nuestras necesidades; no puedo comer lentejas y espaguetis porque ese era el martirio de todos los días allá”.

Sin embargo, hay antiguos uniformados que corrieron con peor suerte luego de su secuestro. Muchos de ellos fueron retirados de la Policía y del Ejército después de que juntas médicas determinaran que no eran aptos para continuar prestando servicio. Los mandaron para sus casas sin pensiones, sin indemnizaciones y sin atención médica óptima. Algunos tuvieron que acudir a los jueces para hacer valer sus derechos.

Uno de ellos es Diego*, soldado voluntario que fue secuestrado tras la toma guerrillera a la base militar de El Billar, en el departamento de Caquetá. “Yo no le agradezco al Estado ni a las Fuerzas Militares tener una pensión, se lo agradezco a un par de abogados que sabían de leyes y se preocuparon por mi caso. Me explicaron que vulneraron varias normas y me ayudaron a recuperar lo que me quitaron por varios años”.

Este exmilitar tuvo que afrontar, sin ningún tipo de apoyo, las afectaciones a su salud mental a raíz del secuestro y costear sus medicamentos. “Hasta hace muy poco le he ido perdiendo el miedo a hablar y a relacionarme con otras personas. Compré un carro para transportar pasajeros, pero tuve que dejar de hacerlo porque montar personas en el asiento de atrás me producía pánico por temor a que me hicieran algo y llegaba asustado a la casa a tomar gotas. Cuando una persona caminaba detrás de mí durante más de una cuadra, me ponía nervioso y me cambiaba de andén”, cuenta.

El trato que recibió de la institución a la que se unió con ilusión lo terminó de derrumbar al salir del cautiverio y recibir atropellos. El hecho lo relata como si lo hubiera vivido ayer: “A finales de 2001, en la plaza de armas de la Cuarta Brigada nos reunió un capitán y nos dijo: ‘¡Ustedes le estorban al Ejército! Hubiera sido mejor que ustedes estuvieran muertos. El Ejército no sabe qué hacer con ustedes y preferiría mil veces que hubieran llegado en cajones de madera o estuvieran desaparecidos. ¡Aquí nadie los quiere, le estorban al Ejército colombiano!’”.

Y reclama lleno de indignación: “¿Usted cree que es justo que después de estar secuestrado durante cuatro años por culpa de una mala operación, de un mal operativo que hizo un comandante de una brigada móvil, le digan que hubiera sido mejor que lo sacaran de allá muerto?”.

Las historias de Diego y Edilberto son similares a las de decenas de soldados y policías de bajo rango, quienes luego de estar durante años en poder de las extintas Farc en condiciones inhumanas, volvieron a ser victimizados por el Estado. Por esa razón, ellos, así como otros 191 exintegrantes de esas instituciones que están acreditados como víctimas ante la JEP, esperan que el doble daño que han sufrido sea resarcido, por fin, de manera integral.

Reparación diversa

Aunque estas víctimas tienen factores comunes en su cautiverio y en su regreso a la libertad, cada una tiene su visión particular sobre la reparación que debería surgir de las sentencias que profiera la JEP contra los exguerrilleros que comparecen ante ella. Hay quienes buscan indemnizaciones; otros, que se les reconozca su estatus de exuniformado como lo determina la ley; unos más quieren saber por qué los maltrataron de manera tan cruel; y algunos pretenden saber el paradero de sus antiguos compañeros.

Ramiro*, sobreviviente de la toma de la base militar de Patascoy, ubicada entre los límites de los departamentos de Nariño y Putumayo, es uno de los que exige el cumplimiento del compromiso de esclarecimiento de la verdad como medida de reparación simbólica.

“Necesito saber qué pasó con mis compañeros que fueron heridos en el momento del ataque. Eso lo recalqué en una audiencia y pedí que nos dijeran por qué no nos dejaron llevarlos y darles atención. Los dejaron ahí tirados”, enfatiza.

Y prosigue: “Ya cuando estábamos secuestrados y bajábamos de la base, escuchamos unos tiros y por eso suponemos que los mataron en estado de indefensión. Exigimos verdad sobre esto y que nos digan el porqué de tanto odio. ¿Por qué se ensañaron con nosotros y por qué las burlas? ¿Dónde está la humanidad de ellos?”.

Uno de los que pide asistencia y acompañamiento médico especializado es Pedro*, soldado que fue secuestrado el 30 de agosto de 1996 tras el ataque a la base militar de Las Delicias, instalada en Puerto Leguízamo, Putumayo.

“Como a los dos o tres años de ser liberado me dieron como seis millones de pesos. De allí para acá nada. Ni ayudas ni servicios médicos. Salimos a la de Dios y ahora nos tienen abandonados. No hablo solo por mí, sino por mis compañeros: hay enfermos, unos con cáncer, varios con pérdida de los oídos”.

“Por lo menos a mí –continúa– no me han vuelto a dar ni una moneda ni una cita médica. Al principio nos hicieron exámenes, pero no seguimos en tratamiento. Según eso, dizque salí con discapacidad de determinado porcentaje y hasta la fecha nada. Mientras estuvimos en el Ejército nos hicieron exámenes psicológicos, pero después nada. Así estamos todos y somos 65 los que estuvimos secuestrados en ese grupo”.

Diego, a quien le dijeron que hubiera sido mejor que estuviera muerto, reclama que el Ejército no lo registró como soldado profesional mientras estuvo en cautiverio y que aún figura como soldado voluntario. Por esa razón, no puede gozar del derecho a aumento de pensión que fijó el Decreto 466, firmado el 29 de marzo de 2022 por el entonces presidente de la República, Iván Duque.

“La Escuela de Soldados Profesionales se fundó en el año 2000 y de allí para adelante todos tenían que estar registrados en el sistema como soldados profesionales. A nosotros, por estar secuestrados y no poder ejercer nuestros derechos, los generales y comandantes de brigadas tenían el deber de agregarnos como soldados profesionales en el sistema. Por eso le pido a la JEP que me ayude a recuperar mi derecho”, plantea.

Y reitera cómo necesita que sea su reparación: “¿Para qué una cédula militar? ¿Para qué nos van a hacer bustos o dar medallas, si eso es simple metal? Como personas, ya no somos víctimas de secuestro sino victimizados de las Fuerzas Militares. Necesitamos que nos den soluciones de fondo, no necesitamos ceremonias ni honores. Simplemente necesitamos que cumplan la Ley y no nos revictimicen. Hoy no nos revictimizan las Farc, la delincuencia común, el Clan del Golfo u otras guerrillas, sino las Fuerzas Militares al no colocarnos en el listado para adquirir los beneficios de soldados profesionales”.

Por otro lado, Jorge*, otro de los secuestrados en la toma de Patascoy, también pide apoyo médico para él y sus compañeros porque al recobrar la libertad esperaban que ese fuera el final de su tragedia y continuar siendo funcionarios del Estado. Sin embargo, la situación fue otra: “Salimos del secuestro y nos dieron una terapia psicológica de un año y a muchos de nosotros nos echaron por la puerta de atrás con problemas psiquiátricos, no nos resolvieron la situación y nos dejaron con una cantidad de problemas”.

Diana Roa, profesional psicosocial de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que acompaña a víctimas del Caso 01, explica que soldados y policías rasos padecieron victimización terciaria tras salir de cautiverio, porque “sienten un abandono por parte del Estado por no tener la atención y asistencia básica necesarias, ni respuesta efectiva para que se integren a la sociedad nuevamente después de vivir un trauma como el que experimentaron”.

Y agrega: “A pesar de que tuvieron atención inmediata, con el paso de los años esta mermó. Varios de los policías (sin rango) que representa la CCJ no obtuvieron de manera inmediata la pensión completa, a pesar de que los diagnosticaron con estrés postraumático, limitándoles su capacidad laboral y excluyéndolos del sistema. No solo quedaron excluidos socialmente por las experiencias que vivieron, porque experimentan imágenes de terror, porque tienen que tomar medicamentos que a veces los aíslan, sino que, adicionalmente, han tenido esa experiencia de discriminación al interior de la institución”.

Así como las expectativas por reparación son diversas, también lo son la manera como algunas víctimas han lidiado con las secuelas del secuestro. Por ejemplo, Luis Alberto Castro, uno de los uniformados plagiados en la toma de Patascoy, encontró refugio en la escritura y ha elaborado algunos relatos que puede consultar en este enlace.

Impactos sobre las familias

Mientras la vida de los soldados y policías se iba consumiendo en las selvas, en sus casas la incertidumbre también hacía lo mismo con sus parientes y amigos cercanos. El secuestro también raptó la tranquilidad y la salud a cientos de kilómetros de distancia, pero madres y esposas se enfrentaron a las adversidades para no dejar que sus seres queridos fueran consumidos por el olvido y lucharon para buscar su liberación.

Una de ellas es Gloria Cano, esposa de Edilberto Cumbe, el agente de policía secuestrado en la toma de Cocorná. Tras el plagio, debió desplazarse a Medellín con su niña de 13 meses de edad desde Granada, municipio antioqueño en donde vivía el matrimonio antes de que Edilberto fuera trasladado al lugar donde cambió sus vidas. Para sostener a su familia se dedicó a trabajar en labores de aseo y en lo que saliera, hasta que la Policía le empezó a consignar el 75 por ciento del sueldo de su esposo (la parte restante la institución la guardaba para entregársela a él cuando recobrara la libertad) y se dedicó a luchar por su liberación.

“Empezamos a trabajar y a buscar gente que nos hiciera el favor de gestionar la liberación de él y de los demás secuestrados. Buscamos a curas y al monseñor del Oriente –se trata del sacerdote Flavio Calle, obispo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro–, hasta que nos llegaron pruebas de supervivencia. Por actos humanitarios los dejaron escribirnos 14 meses después y supe que seguía con vida. Solo nos dieron pruebas de supervivencia en dos ocasiones durante casi tres años. A ellos les faltaron tres meses para completar el tercer año secuestrados y las familias vivíamos en permanente zozobra”, recuerda.

Su lucha la llevó a sumarse a la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros (Asfamipaz), que realizó marchas y plantones en diferentes ciudades del país. Conformada en su gran mayoría por madres y esposas, Asfamipaz logró contactos con las Farc en San Vicente del Caguán (Caquetá), para pedir la liberación de sus seres queridos.

“Nos fuimos en caravana acompañados por periodistas de El Colombiano. Allá tuvimos entrevista con ‘Iván Ríos’ y él decidió hablar con tres mujeres que viajamos desde Medellín, entre ellas estaba yo. Ese viaje fue antes del proceso de paz con el presidente Andrés Pastrana. Yo le pedí que los liberaran y le cuestioné que si ellos supuestamente luchaban por el pueblo por qué los mantenían secuestrados si ellos también eran del pueblo. Él se reía y nos respondió que los secuestrados eran unos simples empleados y que debíamos preguntarle al gobierno qué iba a hacer”, cuenta.

Para esos años, ‘Iván Ríos’ era el comandante del Bloque José María Córdova, responsable de las acciones que perpetraba el Frente 9, una de las estructuras guerrilleras que más ataques militares adelantó en el Oriente antioqueño.

Gloria considera que debido a la incidencia que hizo Asfamipaz y a la presión de los medios de comunicación, las Farc resolvieron liberar a los soldados y policías rasos que tenían secuestrados en Antioquia. Y aún cuestiona la falta de gestión del Estado para su liberación y el poco apoyo que les dieron al volver a la libertad.

“Siento que el Estado nos dio la espalda. Debió estar más pendiente de ellos: ver qué van a estudiar, qué van a hacer y garantizarles un respaldo económico, porque a varios les tocó hasta pelear por su sueldo. El Edilberto que volvió era totalmente diferente al que se fue. Es una lucha incansable y dolorosa al principio. Le sudaban las manos, no dormía y en cualquier momento se despertaba sobresaltado. Se mantenía con el radio al oído. Sentía mucho temor y ansiedad porque pensaba que en cualquier momento lo iban a secuestrar de nuevo”, recalca.

El impacto que el secuestro produjo en las familias es un punto que poco se ha tratado. A raíz del prolongado cautiverio o de los efectos que produjo en soldados y policías, muchos hogares terminaron rompiéndose. Otra causa que propició separaciones o divorcios fue la falta de atención psicosocial a las familias en su conjunto.

“Lo prioritario que la institucionalidad identificaba es que el secuestrado llegaba muy afectado y muchos tuvieron que estar internados uno o dos meses para poder volver a la vida cotidiana con medicamentos y atención psiquiátrica, pero la familia nunca tuvo el acompañamiento propicio porque no era la pregunta central. Nadie se había preguntado cuáles eran los impactos en términos de las familias a raíz del secuestro”, plantea Roa.

Asimismo, refiere la existencia de análisis que catalogan como secuestro virtual a los efectos que el cautiverio produjo en los familiares de estos soldados y policías, pues, aunque no estuvieron retenidos como sus seres queridos, sus vidas se suspendieron y giraron alrededor de lo que pudiera pasar con ellos.

Por otro lado, Francia* encarna la angustia y el sufrimiento que padecieron las madres de los secuestrados. Hoy recuerda que se la pasaba llorando y pensando en cómo estaría Pedro, uno de los soldados secuestrados en la toma de la base militar de Las Delicias: “Yo me puse de muerte, me puse muy mal. No dormía, no comía. Se me subía la presión. Me atacó la salud muy duro”.

No obstante, tomaba fuerzas para gestionar la liberación de su hijo. De hecho, en varias ocasiones viajó desde el sur del país hasta Bogotá para participar en marchas y consultar en el Ministerio de Defensa sobre la suerte de su hijo. “No había voz de aliento para que lo soltaran, por eso pensábamos que no lo volveríamos a ver. Pero en el fondo siempre mantenía la esperanza de abrazarlo de nuevo”.

Para Marta*, el secuestro la separó de su hermano, a pesar de haber recuperado la libertad. Él también fue uno de los soldados rasos secuestrados en la toma de Las Delicias. “Cuando eso ocurrió yo tenía 10 años y aunque lo liberaron pronto, a diferencia de otros militares y policías, la familia se rompió porque por temor se fue de la región. Casi no pude disfrutar de mi hermano”, cuenta.

Y recuerda que a sus padres les dio muy duro la noticia del secuestro y el tiempo que estuvo en cautiverio: “Se les subía la presión y se pusieron mal de salud. La incertidumbre de saber cómo estaba los fue consumiendo: mi mamá se adelgazó demasiado porque no comía ni dormía”.

Considera que su familia y las de otros secuestrados también son víctimas de estos crímenes de las Farc así no hayan estado encadenadas ni sometidas en la selva. Por eso, también le pide a la JEP que ayude a resarcir el daño que padecieron tanto los soldados y policías que estuvieron bajo el yugo de las Farc, como sus seres queridos a la distancia.

“A nosotros no nos han reconocido nada. No nos han reconocido como víctimas ni nos han reparado. Creo que debemos ser reparados porque se afectó a la familia. En mi caso, perdí a mi hermano porque dejé de compartir con él”, se lamenta Marta.

La JEP y el Caso 01

Más de dos décadas después de las tomas que truncaron los proyectos de vida de quienes dedicaron su juventud a la Policía y al Ejército, la JEP abrió una ventana de oportunidad tras los múltiples portazos que han recibido por parte del Estado.

La misión de esta entidad de justicia transicional, creada por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, es sancionar los crímenes que cometieron miembros de esa organización alzada en armas, los integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles, que se sometan voluntariamente a este tribunal, y ordenar medidas de justicia restaurativa para reparar el daño causado. Entre los macrocasos que se han abierto se encuentra el de graves privaciones de la libertad perpetradas por las antiguas Farc, también conocido como Caso 01.

Dentro de ese macrocaso, por medio del Auto 019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) les imputó cargos a ocho antiguos miembros del Secretariado de las otrora Farc como responsables del delito de secuestro y de crímenes conexos, como homicidio, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En su investigación, la SRVR estableció tres patrones de criminalidad sobre los secuestros de las Farc según su finalidad: “Para financiar a la organización armada, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos”. Los casos de los policías y militares se encuentran en el segundo patrón y fueron tipificados como toma de rehenes.

En el auto se determinó que, en 1997, el Pleno del Estado Mayor Central de las Farc decidió mantener cautivos a militares y policías para forzar un intercambio por guerrilleros presos. “La decisión se aplicó específicamente a oficiales y suboficiales, tanto del Ejército como de la Policía, capturados en distintas modalidades, pero especialmente en acciones armadas de tomas de bases militares y estaciones de policía”, precisa el documento.

La Sala recuerda que ese objetivo no se logró porque ningún gobierno nacional accedió a realizar un intercambio humanitario para no reconocerle el estatus de beligerancia a las Farc y que la mayoría de policías y soldados rasos fueron liberados por negociaciones humanitarias, como el denominado Acuerdo de Los Pozos, firmado en febrero de 2001 por ‘Manuel Marulanda’, entonces jefe máximo de este grupo armado, y el presidente de la República de la época, Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Otra fue la suerte de oficiales y suboficiales de ambas fuerzas, pues por su rango continuaron cautivos y algunos llegaron a estar 14 años secuestrados; otros, que estaban enfermos, murieron en cautiverio; y varios más se encuentran desaparecidos. Los últimos uniformados en poder de las extintas Farc fueron los sargentos Luis Alfonso Beltrán y Luis Arturo Arcia, ambos del Ejército Nacional, quienes fueron liberados unilateralmente en abril de 2012, cuando ya se perfilaban las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), que condujeron a la dejación de armas de esa guerrilla.

El 21, 22 y 23 de junio de este año, los antiguos miembros del Secretariado de las Farc que están compareciendo ante la JEP participaron en la audiencia de reconocimiento de responsabilidad, aceptaron los cargos imputados por la SRVR y les pidieron perdón a las víctimas de secuestro. Algunas de ellas también intervinieron en las audiencias.

Luces y sombras

Daniel Vargas, coordinador del Área de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), destaca el estatus de víctimas que este sistema de justicia transicional le otorgó a militares y policías en el Caso 01.

“A diferencia de la Ley de Víctimas, con su acreditación la JEP reconoce que los soldados y policías fueron víctimas del conflicto, independientemente de que tuvieran algún estatus de actor armado dentro del mismo. Establece que fueron víctimas de las Farc”, precisa. Y agrega que es un avance porque el reconocimiento en la justicia ordinaria es mucho más precario.

Sin embargo, este proceso judicial también ha tenido algunos reproches. Otros juristas que conocen del Caso 01 –quienes solicitaron mantener en reserva sus identidades por razones de seguridad– y algunas víctimas reclaman que la JEP no ha documentado detalladamente los hechos que rodearon las tomas de las Farc, se quejan de que los reflectores y micrófonos de esa Jurisdicción han estado enfocados en militares y policías de alto rango.

“Los oficiales y suboficiales tuvieron la oportunidad de regresar a la institución, terminar su carrera y obtener su buena pensión sin necesidad de pelear con abogados. También los mandaron a dar charlas sobre el conflicto, estuvieron en el exterior y les dieron casas. A nosotros nos echaron por la puerta de atrás y ahora vemos que en la JEP se habla más de ellos. Uno entiende que ellos estuvieron más tiempo secuestrados, pero todos fuimos secuestrados y maltratados. No entiendo por qué sigue la diferencia”, cuestiona uno de los soldados plagiados en la toma de El Billar.

En cuanto a esas diferencias, la especialista psicosocial Roa señala que en la JEP ha faltado un enfoque diferencial para tratar la situación de quienes no tuvieron altos rangos. “La participación de soldados y patrulleros rasos ha estado limitada y no ha habido un enfoque diferencial respecto a las vivencias de ellos cuando eran jóvenes. No hay una descripción de qué pasaba cuando, por ejemplo, un joven patrullero o soldado era secuestrado: ¿qué pasaba en ese ciclo vital? Hay grandes diferencias entre todos”.

Por esa razón, señala que, para lograr una reparación efectiva de estas víctimas, que fueron revictimizadas tiempo después de recobrar la libertad, debe haber mayor profundización en los posibles daños que padecieron a nivel físico, psicológico, social, económico y comunitario.

En ese sentido, uno de los abogados consultados indica que esos temas deben ser tratados desde el principio por la SRVR para incluirlos en su Resolución de Conclusiones, en atención a que el procedimiento del Caso 01 avanza a conocimiento de los magistrados que componen el Tribunal de Paz, encargados de establecer la sanción a los comparecientes de las Farc y las fórmulas de reparación para las víctimas.

¿Un paso más cerca de la reparación?

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, relatora del Caso 01 y quien fue la ponente de la Resolución de Conclusiones que la SRVR le presentó el 25 de noviembre al Tribunal de Paz de la JEP, destaca que este proceso logró avances al acumular todos los hechos de secuestro en un solo expediente, con lo cual pudieron construir contextos más completos, por medio de testimonios de víctimas, declaraciones de exintegrantes de las Farc, expedientes judiciales e informes de la sociedad civil.

También resalta que el proceso de investigación se realizó sobre lo construido por la justicia ordinaria, enfocándose en el cautiverio y las circunstancias que lo rodearon, ya que la Fiscalía había documentado ampliamente las tomas guerrilleras y existía más información de ellas que sobre los secuestros. Al preguntarle sobre las preocupaciones que despierta el hecho de que la JEP no esté detallando las tomas guerrilleras, señala que serán abordadas a profundidad en el Caso 10, que fue abierto recientemente.

Uno de los principales retos para la magistrada Lemaitre en el Caso 01 es la situación de los soldados y policías rasos: “Es conmovedor que un gran número de militares y policías que fueron secuestrados por las Farc no han sido reconocidos como víctimas por el Estado, porque tienen una exclusión legal en la Ley de Víctimas por haber sido combatientes, pero también porque los programas del Ministerio de Defensa, incluso con la nueva Ley de Veteranos, dependen de una apreciación de que tengan estrés postraumático y establece un porcentaje de discapacidad”.

Sobre la posibilidad de que esa situación y casos como los del soldado Diego, que aspira a ser reconocido como soldado profesional y no raso para mejorar su pensión, sean considerados en las sentencias que debe emitir la JEP, explica que su labor apenas es la entrada a la Jurisdicción y que no tiene la facultad de dar órdenes a otras entidades del Estado, pero espera que el Tribunal de Paz “tenga en cuenta estas circunstancias y tome medidas dentro de sus posibilidades”.

Y prosigue: “Es una situación muy dolorosa. A los hechos, que de por sí ya son terribles, se suma el maltrato por parte de las instituciones. Para mí ese es el reto más grande con ese grupo de víctimas y he pensado mucho en pedirle a la Sala que me autorice solicitarle medidas al Tribunal para ellos porque son veteranos de guerra. En otros países hay programas muy robustos, pero la JEP no da reparaciones individuales; se presentan como temas colectivos, de grupos, de sectores sociales y de regiones. No da reparaciones uno a uno”.

El desafío que tienen las magistradas y los magistrados de la JEP es muy grande. La sentencia que emitan puede ayudar a resarcir el daño que produjo el cautiverio de las Farc y las heridas que causó el Estado con su indiferencia. El tiempo dirá si quienes padecieron el secuestro por portar los uniformes y las armas de la Nación para defenderla, podrán acceder a una reparación integral que están esperando desde hace tres décadas.

* Nombre cambiado por petición de las personas entrevistadas para proteger su identidad. También Se omitieron detalles de los casos con el mismo fin.

Antes de finalizar el proceso de escritura de este reportaje, la Jurisdicción Especial para la Paz profirió la primera resolución de conclusiones del Caso 01 y remitió al antiguo secretariado de las Farc ante el Tribunal Para la Paz; allí se decidirán las sanciones propias para los siete exintegrantes de este grupo armado, que pueden ser entre cinco y ocho años. Las víctimas y la Comisión Colombiana de Juristas, como sus representantes, están revisando esta decisión y evaluando si garantiza los derechos de quienes sufrieron el secuestro y otros graves crímenes.